Publicado por Prism Reports
Aunque la atención se ha centrado en las elecciones presidenciales, especialmente en los resultados de los principales estados indecisos, esta temporada electoral también ha supuesto un duro golpe para los defensores de la reforma de la justicia penal en California. La decisión final de los votantes sobre las cruciales medidas electorales de la Proposición 36 y la Proposición 6 influirá tanto en la actuación policial como en las experiencias y oportunidades de las personas actualmente encarceladas en todo el estado. Los votantes no sólo aprobaron el aumento de las penas por robo y algunos delitos de drogas, sino que también rechazaron una iniciativa para prohibir los trabajos forzados en prisión.
En una declaración hecha pública tras las elecciones, el Young Women's Freedom Center (YWFC) señaló que "las personas que se ven envueltas en el sistema judicial, especialmente en el encarcelamiento, sufren consecuencias colaterales como la pérdida de ingresos, la imposibilidad de encontrar vivienda y la prohibición de acceder a servicios de apoyo, que las mantienen atrapadas en ciclos de reincidencia sin otro lugar al que recurrir que la economía de la calle".
YWFC citó las investigaciones del Instituto Nacional de Justicia (NIJ) que subrayan la ineficacia del endurecimiento de las penas y el aumento de las condenas para disuadir de la delincuencia. Según el NIJ, "los castigos más severos no 'escarmientan' a los individuos condenados por delitos, y las prisiones pueden exacerbar la reincidencia".